Pamplona (EFE).- Las plataformas civiles Pompaelo, Asociación Navarra de Victimas del Terrorismo de ETA (ANVITE) y Sociedad Civil Navarra impulsan una Mesa Cívica por la Libertad y la Democracia para garantizar el “pluralismo político”.
Como han explicado sus representantes frente al Parlamento de Navarra, esta iniciativa nace enfocada en lo que han denominado como “los pueblos silenciados”, lugares donde “una parte importante de la población vota a partidos por los que nadie se atreve a presentarse en las elecciones municipales”.
Han hablado de “intimidación” y han ejemplificado con casos como pintadas acerca de ETA en parques en Etxarri Aranatz y su ayuntamiento, que “tiene como hijos predilectos a los que asesinaron a un vecino y alcalde en plena Transición”, o en Leitza, “donde hace poco se agredió a un concejal al grito de ‘os quedan cuatro días’”.
«Pueblos silenciados»
“Como en demasiadas partes de Navarra, en demasiados pueblos silenciados donde el pluralismo político y social no se defiende desde las instituciones”, han manifestado.
Dicha mesa se ha definido como “un proceso participativo y de reflexión, en el que toman parte personas afectadas por la situación en la Barranca y otras zonas”, con el objetivo de “identificar problemas concretos y proponer medidas que se puedan poner en marcha y normalizar los territorios bajo silencio y buscar el consenso necesario”.
Todo ello en el marco de la resolución aprobada por el Parlamento de Navarra el 30 de noviembre de 2023 en la que se instaba a “defender activamente el pluralismo político y social como base imprescindible de una sociedad democrática”.
Una fase cerrada y otra pública
El acto ha contado con la participación de Olga Izquierdo, secretaria general de la junta de ANVITE, Eduardo López-Dóriga, presidente de Sociedad Civil Navarra, y Miguel Cornejo, presidente de Pompaelo, quienes han acudido enfrente del Parlamento de Navarra para presentar este proyecto.
También han adelantado que se tratará de un proceso de trabajo con “una fase a puerta cerrada en la que los afectados y expertos puedan hablar con total libertad y se puedan valorar opciones y crear consenso, y una fase pública en la que se expondrán y abrirán a debate conclusiones y recomendaciones”, así como trasladar estas reflexiones al Parlamento.
“La democracia se basa en el respeto a esa libertad de conciencia y opinión, que es para todos y no es para nadie, y que debemos proteger”, han reivindicado.
