Pamplona (EFE).- La consejera y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo foral no a tenido ningún requerimiento «ni de la justicia ni de la Guardia Civil», tras el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la empresa navarra Servinabar, adjudicataria de la obra de los túneles de Belate.
La portavoz ha respondido así a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, donde ha afirmado que no les consta el o de ningún miembro del Gobierno con el entorno de Víctor de Aldama y que confía en la «impecabilidad» del Ejecutivo.
Ha mostrado su «máximo respeto» a las diligencias judiciales, cuando ha sido preguntada por si preocupa al Gobierno este registro, y ha reiterado que el conjunto de los consejeros actúan desde el «ajuste a la legalidad».
Este miércoles, UPN y PP han anunciado que solicitarán una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra para que se aclare la adjudicación y López ha señalado que será la Cámara foral la que lo apruebe, pero que el Gobierno está dispuesto a «ofrecer la información que se requiera».
UPN pide una comisión de investigación
La formación regionalista pide que se investigue en el Parlamento de Navarra la adjudicación de las obras de los túneles de Belate, sobre las que ha considerado «urgente» que dé explicaciones la presidenta María Chivite, y se va a personar como acusación popular en el Tribunal Supremo.
Así, lo ha anunciado la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una rueda de prensa en la que ha subrayado la «gravedad» del registro llevado a cabo este martes por agentes de la UCO en la sede de Servinabar, una de las empresas que como miembro de una UTE resultó adjudicataria de las obras de Belate.
Ibarrola ha apuntado que parece evidente que la investigación policial deriva de la denuncia que UPN interpuso en 2024 ante la Guardia Civil ante la sospecha de irregularidades en ese proceso, lo que le ha llevado a subrayar la «responsabilidad» de su formación al interponer la denuncia y dejar que la investigación, que aún no ha finalizado, corriera su curso.
Paralelamente y «dada la gravedad de los hechos» ha exigido explicaciones «urgentes» a la presidenta María Chivite señalando que hasta ahora tanto el Gobierno como los grupos que lo integran «han bloqueado reiteradamente» la investigación de una adjudicación que está bajo sospecha.
UPN denuncia obstáculos para acceder a la documentación
Al respecto, ha señalado que impidieron la comparecencia del presidente y del secretario de la Mesa de Contratación y eso pese a que este último había solicitado comparecer para dar explicaciones y votaron también en contra de una moción de UPN para que el expediente de adjudicación fuera revisado por la Junta de Contratación Pública.
A eso ha sumado que «han puesto todo tipo de obstáculos para acceder a la documentación», indicando, entre otras cuestiones, que «ocultaron parte de los correos electrónicos».
Ahora, a la vista de los últimos acontecimientos, Ibarrola se ha preguntado si «María Chivite continúa convencida» de lo que ha ido afirmando en relación a la acusación de UPN hablando, ha recordado la regionalista, de «insidias cuando todo ha sido legal y transparente» o de «ejercicio de creatividad e imaginación» y asegurando que un «supuesto caso Belate no existe».
Ante las palabras de la presidenta navarra indicando que no existía ningún informe de la UCO, ha manifestado que: «Imagino que no hoy no tiene dudas de que el informe existe y está en la mesa del juez del Tribunal Supremo», por lo que ha dicho que espera que no le acuse a este o a la UCO de «creatividad».
Ibarrola, entristecida por la imagen de Navarra
Ibarrola ha manifestado que les constan al menos diez reuniones de del Gobierno con el dueño de la citada empresa, Antxon Alonso, «tres con un consejero, tres con el vicepresidente y hasta cuatro de la presidenta a solas con él».
En este contexto ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento en torno a la adjudicación de la mayor obra pública de Navarra en los últimos diez años (76 millones de euros), en la que van a plantear que se habiliten julio y agosto para que se pueda llevar a cabo.
Ibarrola, quien ha comentado que les «entristece» la imagen que se da de Navarra en el exterior, ha expresado al mismo tiempo «máximo respeto y confianza en el Supremo y la Guardia Civil.
En respuesta a los periodistas, ha precisado que UPN ha denunciado la adjudicación de las obras, no ha denunciado al socialista Santos Cerdán, sobre el que ha dicho que «no pondría la mano en el fuego» y «si ha hecho algo tendrá que pagar».
El PP también pide investigar el asunto en el Parlamento
El Partido Popular de Navarra ha anunciado, al igual que UPN, la petición de creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate con el objeto de «depurar responsabilidades».
El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha advertido de que los hechos conocidos y que, según ha señalado «implicarían al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la adjudicación de estas obras, son de una enorme gravedad”.
Ante la investigación en curso, sostiene en un comunicado que «ha llegado el momento de actuar con firmeza y responsabilidad» y por ello han pedido una comisión de investigación con «un único objetivo: esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y garantizar la transparencia en la gestión pública».
«No se trata de una caza de brujas, sino de un ejercicio democrático de control y rendición de cuentas”, asevera, tras lo que invita a todos los grupos a sumarse a esta iniciativa.
El PP recuerda a Otano y Urralburu
En ese sentido señala que «todos, salvo aquellos que decidan mirar hacia otro lado, tienen la oportunidad de demostrar que están del lado de la verdad y de los ciudadanos”.
“Navarra no puede permitirse volver a épocas de opacidad y escándalos como los de Otano o Urralburu. Hoy más que nunca, necesitamos instituciones limpias, responsables y comprometidas con el bien común”, concluye.
La UCO ha efectuado este martes registros en Valencia, en concreto en el domicilio del exministro José Luis Ábalos, en la constructora Servinabar en Pamplona (Navarra), así como en Granada y en Bizkaia, todos ellos en el marco de la investigación judicial del conocido como caso Koldo.
