Pamplona (EFE).- La fiscalía y las acusaciones del denominado ‘caso Davalor’ han reclamado este martes ante la Audiencia de Navarra la reapertura del caso de presunta corrupción en el Gobierno de Navarra y que se proceda a tomar declaración de los investigados, entre los que se encuentran el exvicepresidente y exconsejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y tres directoras generales.
En la vista oral de los recursos presentados ante la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra contra el archivo del ‘caso Davalor’, la fiscal Ana Marcotegui ha asegurado que se debe «continuar con la investigación”, ya que esta “permanece viva”, por lo que ha solicitado que se tome declaración de los imputados, tal y como estaba previsto antes del archivo.
La causa fue archivada en diciembre
El origen de la vista radica en el archivo de la causa por la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona el pasado mes de diciembre por exceder los 12 meses de plazo de instrucción previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según asumió en su auto, el Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias el 21 de enero de 2021 y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, que recibió la causa el 9 de marzo de ese año, dictó la prórroga de la investigación el 18 de febrero de 2022.
Los partidos UPN y PP, personados como acusación particular, anunciaron ese mismo día que recurrirían el archivo por la “gravedad de los hechos” y el “inisible error judicial”.
Dimisión de Manu Ayerdi
El caso motivó la dimisión en enero de 2021 del entonces consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi (Geroa Bai), por la causa penal abierta por el Tribunal Supremo por presunta prevaricación y malversación en relación con las ayudas públicas concedidas a la empresa Davalor.
Precisamente, la fiscal Marcotegui ha defendido que el tiempo transcurrido desde que la sala segunda del Tribunal Supremo pierde la competencia, tras dejar Ayerdi de estar aforado, hasta que el juzgado de Pamplona acuerda incoar diligencias no puede ser computado dentro del plazo de 12 meses.
Asimismo, ha sostenido que “la causa que nos ocupa es diferente” a la iniciada por el Alto Tribunal, ya que este “hace actuaciones preliminares, no para investigar, sino para controlar”: “No cabe confundir la tramitación de la causa con una investigación judicial”.
Abogados de UPN y PP
El abogado de UPN, Guillermo Chaverri, ha coincidido con la fiscal en sus argumentos, haciendo hincapié en los plazos que deben tenerse en cuenta para el archivo de la causa.
Chaverri ha recordado que “no se puede alegar una imputación sorpresiva, viene como consecuencia del informe de la Policía Nacional a expensas del juzgado de instrucción”, en referencia al resto de encausadas, y ha solicitado que declaren como investigadas.
Por su parte, el letrado del PP, Juan Pablo Valencia, ha coincidido con los argumentos de sus antecesores en el turno de palabra ha incidido también en el tema de los plazos, porque, a su juicio, supondría dejar en manos de Ayerdi los plazos, al ser él quien decidió cuándo dimitir.
Las defensas rechazan la reapertura
Sin embargo, la defensa de las entonces directoras generales del Departamento de Desarrollo Económico, representadas por Martín Zudaire, ha negado los plazos esgrimidos por las acusaciones y ha recordado que el plazo se abre “desde la incoación de la causa”, citando la doctrina de varias audiencias provinciales y de la Fiscalía General del Estado.
Y la abogada de Manu Ayerdi, Itziar Charterina, alertada por el tribunal para que no entrase en el fondo de la cuestión y se ciñese a los plazos, ha sugerido que “el juzgado podía haber dictado un solo auto en lugar de tres, por lo que la prórroga del último estaría fuera de plazo”.
“La instrucción ya estaba terminada el 21 de enero de 2022”, ha asegurado, por lo que ha considerado “nulas” las diligencias practicadas con posterioridad a esa fecha, y al igual que el otro abogado defensor, ha apuntado que la causa comienza con la incoación de diligencias por parte del Supremo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona decretó el fin de la investigación del denominado ‘caso Davalor’ el pasado 12 de diciembre.
