San Sebastián (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) avala el sistema de cobro de peajes a vehículos pesados de Gipuzkoa, a pesar de que ha anulado un apartado de la norma foral que lo regula y que se corrigió el pasado mes de diciembre.
La sentencia avala el sistema
La Federación Nacional de Asociaciones del Transporte de España (Fenadismer) ha informado, en un comunicado, de que el TSJPV ha «declarado ilegal parcialmente el peaje».
Sin embargo, la parte demandada, la Diputación de Gipuzkoa, está satisfecha porque la sentencia sólo anula una parte relativa al cálculo de las cantidades del peajes. La norma no tenía en cuenta la clasificación ambiental Euro de cada vehículo. Sin embago, el fallo no tumba el sistema al completo, a diferencia de lo ocurrido con las normas de 2016 y 2018.
La norma, la tercera que aprueba la Diputación después de que el TSJPV anulara las dos anteriores, entró en vigor el pasado mes de enero. Impone el cobre al trazado completo de estas dos vías de alta capacidad a su paso por Gipuzkoa, para lo que se instalaron 4 nuevos pórticos de control (son 7 en total) y más de un centenar banderolas de paso para el cobro automático del peaje.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera recurrió la norma y el TSJPV ha anulado un apartado, «al entender que, una vez más, vulnera la normativa europea al no tener en cuenta en el cálculo de los peajes a cobrar la categoría ambiental de los vehículos transporte».
Emisiones contaminantes
La sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-istrativo del TSJPV entiende que existe una disconformidad entre la norma y el Derecho de la Unión Europea, al implantar el canon solo en función del coste de la infraestructura y no de los llamados «costes externos», en concreto de las emisiones contaminantes de cada vehículo.
«Ahora bien -explica la sentencia- la tal disconformidad con el Derecho de la Unión Europea no comporta la nulidad ‘in totus’ de la norma foral 5/2021, ya que no invalida su articulado, sino la implantación del canon en función exclusivamente del coste de la infraestructura, esto es, sin prever la variación de la cuantía que se determine a ese coste en función de la categoría Euro de emisiones».
La propia sala incluye en la sentencia que la Diputación modificó este aspecto recurrido en la disposición final cuarta de la norma foral 6/2022,. Este cambio se aprobó con los presupuestos de Gipuzkoa, el pasado mes de diciembre.
La sentencia dice que «no era inexcusable la derogación de la norma foral recurrida (aparte su preámbulo) para salvar la vulneración de la directiva 2011/76». Basta con su «modificación o ampliación mediante la diferenciación debida a la categoría Euro de emisiones de los vehículos».
No anula la totalidad del articulado
De esta manera, la sala entiende que resulta suficiente con modificar la norma, tal y como ya ha hecho la Diputación. No es necesario anular la totalidad de su articulado, como sí ocurrió con las dos anteriores regulaciones de los peajes.
El Comité Nacional del Transporte recurrió la norma por este motivo. También por las cuantías excesivas y desproporcionadas de los peajes, motivos ha desestimado el TSJPV.
La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, ha expresado este lunes su «satisfacción plena» por la sentencia.
«El fallo reconoce definitivamente los peajes dirigidos a vehículos pesados, dando el espaldarazo final a la tercera Norma Foral aprobada por mayoría en las Juntas Generales de Gipuzkoa»
Oiarbide ha afirmado que esta sentencia «reconoce definitivamente los peajes dirigidos a vehículos pesados, dando el espaldarazo final a la tercera Norma Foral aprobada por mayoría en las Juntas Generales de Gipuzkoa».
No obstante, el fallo estima parcialmente el recurso presentado por el Comité Nacional del Transporte. Anula el apartado relativo al cálculo del coste del peaje porque no tenía en cuenta la cantidad de emisiones de cada vehículo. Se trata de un aspecto que la Diputación corrigió en diciembre de este año.
La sentencia estima en parte el recurso pero, a diferencia de lo que ocurrió con las normas forales de 2016 y 2018, entiende que este defecto no es suficiente para que decaiga la norma entera. Basta con corregirla, tal y como ya ha hecho la Diputación.
«Sistema más sostenible»
«Siempre hemos tenido el apoyo de Europa porque hemos aplicado correctamente las normas que establecía, hemos sido pioneros en estas políticas y el tiempo nos ha dado la razón», ha manifestado Oiarbide.
A su juicio, el fallo del TSJPV respalda un sistema «que es mucho más justo y sostenible». «Antes de implantar el ‘pago por uso’ a los transportistas, eran los guipuzcoanos los que hacían únicamente frente a los gastos de las carreteras a través de los impuestos».
«Hoy en día son todos los s los que aportan a la hora de afrontar los altísimos costes de nuestra red de alta capacidad, sin merma para el resto del presupuesto foral», ha destacado.
