Madrid/Vitoria (EFE).- Unos 27.000 funcionarios del Estado en Euskadi y sus familiares se quedarán sin sanidad privada, después de que ninguna aseguradora se haya postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios del Estado a través de Muface durante los próximos dos años.
Ni siquiera lo han hecho alguna de las tres que hasta ahora daban cobertura, Asisa, DKV y Adeslas.
Al concluir este martes el plazo para presentarse al nuevo concurso, ninguna empresa lo ha hecho, según ha confirmado la propia Muface, lo que, en principio, obliga a la sanidad pública a integrar a los 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, que ahora son atendidos a través de este concierto.
En el País Vasco hay en torno a 27.000 trabajadores públicos del Estado y familiares que reciben asistencia sanitaria a través del concierto de Muface.
En concreto, según la última memoria de este organismo, son 21.730 titulares y 5.233 beneficiarios, es decir, 26.963 personas afectadas. De ellas, 15.532 están en Bizkaia, 7.522 en Gipuzkoa y 3.909 en Álava.
«Los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad», ha asegurado en un comunicado Muface, a la que las tres aseguradoras ya habían reclamado sin éxito un contundente incremento de la prima que ofrece por cada asegurado.
Al respecto, Muface insiste en que «la atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales» a partir de que al final de este año acabe el contrato actual «con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público», aunque no da más detalles.
Habrá una nueva licitación
Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación.
Los contratos que no han quedado desiertos son los que prevé la cobertura sanitaria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios, y para la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares.
Para esos contratos se han postulado Asisa y Adeslas, mientras que DKV tampoco se ha presentado a estas convocatorias también «obligada por la insuficiencia de la propuesta económica, que llevaría a un empeoramiento de la atención al paciente y a un deterioro de la retribución a los profesionales sanitarios», según ha dicho en un comunicado. E
