San Sebastián, 28 may (EFE).- La actividad de las entidades del tercer sector social genera en Euskadi un impacto económico de unos 2.045 millones de euros anuales, lo que equivale al 2,4 % del PIB vasco -superior al 1,4 % de la media española-, proporciona empleo a 45.624 personas e implica a más de 168.000 voluntarios.
Estas son las grandes cifras que figuran en el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi, tercer informe exhaustivo que elabora el Gobierno Vasco, tras los de 2015 y 2020, para analizar la situación actual, la evolución y los retos de futuro de las organizaciones sociales vascas.
Sector social
El estudio, que recopila datos cuantitativos y cualitativos y ofrece una visión integral de las entidades y su labor, ha sido presentado este miércoles por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y responsables del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, en una jornada celebrada en el Kursaal de San Sebastián con un centenar de representantes de asociaciones y colectivos.
Según el diagnóstico, en el País Vasco operan 4.259 organizaciones, unas 300 más que en 2020, de las que el 91 % son asociaciones y el resto fundaciones o entidades con otras figuras jurídicas.
PIB vasco
Bizkaia concentra la mayor parte de ellas, el 56 %, seguida de Gipuzkoa, donde tienen sede el 29 % %, y Álava, con el 15 %.
La consejera ha destacado que más del 61 % de las organizaciones sociales tiene personal remunerado, hasta sumar casi 46.000 puestos de trabajo, lo que «indica una tendencia creciente hacia la profesionalización», sobre todo para dotarse de estructuras estables y eficaces.
Otro de los aspectos que destaca el Libro Blanco es que, tanto entre los trabajadores como en el voluntariado, las mujeres son mayoría, al representar el 74 % del empleo y el 62 % de las personas que no cobran, proporciones que sin embargo no se ven reflejadas en el liderazgo.
«Es uno de los retos de futuro del tercer sector porque, también aquí, existe el techo de cristal», ha subrayado Melgosa, que ha precisado que, pese a esa clara feminización de las organizaciones, sólo el 11 % de las mujeres tiene cargos de responsabilidad, frente al 13 % de los hombres.
Inclusión social
En cuanto al ámbito en el que trabajan, el diagnóstico indica que destacan la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de familias colectivos o comunidades vulnerables, en exclusión, desprotección o dependencia.
Aunque gran parte interviene simultáneamente en varios ámbitos, el «social-transversal» es el principal campo de acción del 64 % de las asociaciones, mientras que el 56 % se dedica a los servicios sociales propiamente dichos, casi la mitad desarrolla actividades de educación y tiempo libre, y el 40 % actúa en el área de la salud.
Por colectivos a los que dirigen su acción, el diagnóstico refleja un importante aumento de las entidades que trabajan con mujeres, que han pasado del 32 al 53 % en los últimos diez años, al tiempo que resalta la cantidad de organizaciones que atiende a la infancia y adolescencia (47 %) y que más del 40 lo hace con migrantes, mayores o personas en situación de pobreza.
Aportaciones privadas
Respecto a la financiación, el estudio constata que en los últimos cuatro años han crecido ligeramente las aportaciones privadas, hasta suponer el 49 % del total de ingresos -el 19 % por cuotas de asociados y casi el 11 % de donaciones-, mientras que se han reducido casi el 5 % las públicas, que proporcionan el 52 % restante, sobre todo, mediante subvenciones pero también por convenios y contratos.
El estudio ha definido asimismo la hoja de ruta para los próximos años, en la que se propone «mejorar la sostenibilidad y financiación» de las entidades sociales, entre otras actuaciones, atrayendo más aportaciones privadas con más beneficios fiscales.
Reforzar el voluntariado y afrontar su relevo generacional, visibilizar y reconocer su contribución social y apoyar su capacidad de adaptación a las nuevas realidades sociales cada vez más complejas son otros de los retos fijados. EFE
