Madrid (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en unos 5.350 millones de euros el coste del último paquete de medidas para combatir la inflación, que incluye un IVA de la electricidad al 10 % y la gratuidad del Cercanías durante todo 2024.
En una entrevista con EFE horas antes de su nombramiento como vicepresidenta primera, Montero ha defendido que esta serie de medidas encaja en el compromiso de reducir el déficit público al 3 % del PIB en 2024 «habiendo demostrado que la consolidación fiscal es compatible con la política» de protección social del Gobierno.
«El margen fiscal», ha explicado, permite continuar «por un tiempo» con unas medidas que han sostenido las rentas en un entorno de precios elevados y mantener así una política que ha permitido «que el crecimiento económico no se pare».
Entre estas medidas figuran la extensión de las bonificaciones al transporte público y de la supresión del IVA para los alimentos básicos, así como otras «sin repercusión económica», como la prohibición de los desahucios.
Los gravámenes de banca y energéticas serán impuestos
Entre las medidas aprobadas está también la prórroga durante un año de los gravámenes sobre banca y energéticas, inicialmente previstos para dos ejercicios, aunque con bonificaciones para la inversión en descarbonización porque hay que «animar a las empresas energéticas» a avanzar en ese sentido.
Estos gravámenes, que nacieron con carácter extraordinario y en forma de prestaciones patrimoniales, se van a «incorporar al sistema tributario, es decir, a convertirlos en figuras fiscales», en impuestos permanentes.
Así, a lo largo de 2024 trabajará «con los grupos parlamentarios» para dar a estas figuras carácter «estructural» en forma de impuestos y será en esas negociaciones donde se defina desde qué inversiones se bonifican al concierto con las haciendas forales.
«Debemos tener en cuenta que le pedimos a estos sectores no solamente aportación fiscal», sino también que «adapten sus estructuras al siglo XXI», sobre todo las energéticas como «actores protagonistas en el cambio climático».
El transporte gratuito para colectivos vulnerables se retrasa a 2025
En cambio, el paquete de medidas no incluye la gratuidad del transporte para jóvenes y desempleados que había anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido, según Montero, a que se han prorrogado «todas las medidas de transporte» vigentes para el conjunto de la población.
El mensaje de Sánchez, ha indicado Montero, iba en el sentido de establecer la gratuidad del transporte para colectivos vulnerables una vez que se retiren las medidas excepcionales y «todavía no estamos en ese momento».
Cuando llegue, ha añadido, se hará «una evaluación» del impacto de estas medidas «en la descarbonización del transporte» y «para 2025» se analizará con los grupos políticos «cuáles son los colectivos que consideramos prioritarios».
Presupuestos a finales de marzo La vicepresidenta ha reiterado su intención de que los Presupuestos de 2024, que todavía se están trabajando «al interior del Gobierno» para ajustarlos a las nuevas reglas fiscales europeas, estén en vigor a finales de marzo o principios de abril.
Antes de ello, la senda del déficit tendrá que pasar por las Cortes. «Espero que el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) no ejerza la amenaza» de vetarla, ha apuntado, porque retrasaría las cuentas y perjudicaría a las comunidades autónomas al impedirles acceder a una senda de estabilidad más flexible.
En caso de que el Senado tumbe la senda de déficit propuesta, el Gobierno volverá a remitirla a las Cortes y elaborará los Presupuestos en base a los objetivos comunicados a Bruselas en abril, más estrictos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Montero achaca a la falta de liderazgo de Feijóo el retraso en la financiación autonómica
Montero asegura también que ya está trabajando en la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década, y que si no se producen avances es debido a la falta de liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
«¿Tiene el señor Feijóo liderazgo dentro de su partido para promover una única posición en materia de financiación autonómica?
Presumo que no», defiende Montero en la entrevista con EFE.
Sobre la financiación autonómica
La financiación autonómica «no se puede reformar porque no hay una posición única por parte del Partido Popular», argumenta, que «en cada uno de los territorios tiene una posición contradictoria con respecto al otro» sobre cómo se financian los servicios y el peso que se da a la dispersión, el envejecimiento o la insularidad.
«Los territorios han expresado una posición de máximos», pero «no se puede construir un modelo de financiación autonómica como suma de parámetros y criterios contradictorios», sino que es necesario «que cada uno renuncie a una parte de esa posición de máximos para perseguir el modelo general».
«Yo quiero reformar el modelo de financiación de acuerdo con el Partido Popular», subraya, «me parece lógico que los partidos que tienen mayor presencia en el conjunto del territorio tengamos una posición común sobre financiación autonómica», dado que es una ley orgánica que se vota en las Cortes.
«Pero», matiza, es «un ejercicio complicado que exige de liderazgo, de la misma manera que nosotros hemos trasladado al Partido Popular que queremos tener esa posición única dentro del PSOE, el Partido Popular parece que no quiere coger ese toro por los cuernos».
«Yo me reúno con el Partido Popular mañana si el Partido Popular quiere, pero está claro que cuando se lo ha dicho el presidente del Gobierno parece que no quiere», apunta, porque prefieren seguir «dando permanentemente cera al Gobierno».
Sobre la posibilidad de que la financiación de Cataluña se afronte de manera independiente, Montero se limita a pedir que no pongan en boca del PSOE «algo que no hemos dicho» y que el objetivo es promover «un acuerdo que nos permita situar puntos de encuentro».
El impuesto de grandes fortunas se mantendrá hasta la reforma
El Gobierno ha decidido esta semana extender un año más el impuesto sobre las grandes fortunas -que complementa el impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas que lo tienen bonificado- y, afirma la ministra, se mantendrá hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica.
De hecho, el impuesto «ha cumplido una parte de su objetivo», ya que varias regiones lo han recuperado para evitar que los recursos vayan al Estado, y de esta manera se logra «minimizar las asimetrías fiscales que se estaban produciendo» entre las comunidades con capacidad económica para bonificarlo -«el caso de Madrid»- y las que no.
El impuesto «tiene vocación de pervivencia hasta que se reforme la financiación autonómica, donde cabrá», subraya, porque en ese debate habrá que decidir qué fiscalidad es «la adecuada para esos grandes patrimonios» sin que se produzcan «situaciones de ‘dumping’ fiscal».
Montero: La intención del Gobierno «no es ser el principal accionista de Telefónica»
María Jesús Montero ha asegurado también que la intención del Gobierno «no es ser el principal accionista de Telefónica», en la que el Estado ha acordado comprar hasta un 10 % del capital, sino «un accionista más» de una empresa que ha definido como «estratégica».
«La intención del Gobierno no es siquiera ser el principal accionista; es ser un accionista más dentro de Telefónica y, sobre todo, preservar los intereses de país que están muy vinculados a la defensa nacional», ha dicho Montero en una entrevista con EFE horas antes de su nombramiento como vicepresidenta primera.
