Vistas de las instalaciones de ArcelorMittal en Gijón. EFE/ Eloy Alonso/Archivo

El Principado aboga por seguir negociando con ArcelorMittal para que cumpla su compromiso

Oviedo (EFE).- La estrategia de los gobierno central y autonómico para que ArcelorMittal comprometa el cumplimiento íntegro de sus compromisos para llevar a cabo la descarbonización de sus plantas en Asturias pasa por seguir negociando «de forma discreta» con la multinacional siderúrgica «para encontrar una solución» a las dudas mostradas por la empresa.

Según ha asegurado este martes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ambos ejecutivos siguen apoyando el plan de ArcelorMittal que pasa por construir un horno híbrido de arco eléctrico que sustituiría a la acería de la planta de Veriña y por la sustitución de un alto horno de Gijón por una factoría de reducción directa de mineral de hierro (DRI).

Ante las dudas mostradas por la compañía respecto a esta segunda inversión, ha recordado que tanto el Gobierno central al aprobar la ayuda de 450 millones -la más alta concedida en España y procedente de fondos europeos- para ese proceso como el autonómico al acelerar la autorización ambiental y conceder también una subvención de 33 millones han cumplido con sus compromisos.

Mantener una siderurgia integral en España -sólo las plantas asturianas de ArcelorMittal que generan 5.000 empleos directores y otros 5.000 inducidos cumplen ese requisito y producen acero a partir de mineral de hierro- pasa por su descarbonización, ha advertido Roqueñí tras itir que los costes de la electricidad son «críticos» para la empresa y para el resto de industria electrointensiva.

ArcelorMittal Sirerurgia
Vista de las instalaciones de la siderúrgica ArcelorMittal en Veriña (Gijón). EFE/ J.L.Cereijido/Archivo.

Tablero global

No obstante, ha matizado que la compañía siderúrgica «juega en un tablero global» de manera que en España puede aludir a unos costes energéticos más altos que en países de su entorno; en Alemania al coste de la mano de obra o en Francia a los costes sociales.

Según Roqueñí, tanto el Ministerio como el Gobierno asturiano siguen trabajando «intensamente» para impulsar cambios normativos que permitan aumentar las ayudas a la industria electrointensiva; en ampliar la redes de transporte energético para garantizar un suministro procedente de renovables a precio competitivo e impulsar los proyectos de generación y transporte de hidrógeno verde.

El desarrollo de esos proyectos, ha subrayado, permitiría abastecer al futuro DRI y reducir las emisiones de CO2 al sustituir la fabricación de acero con carbono en un horno alto por un proceso basado en el hidrógeno neutro en carbono «en las mejores condiciones técnicas y económicas».

Advertencias de PP y Foro

Roqueñí ha hecho estas afirmaciones en el pleno del parlamento autonómico donde ha sido interpelada por Foro y por el PP en torno a la situación de ArcelorMittal, compañía siderúrgica que, ha recordado el parlamentario forista, Adrián Pumares, comprometió un plan de descarbonización que ya suponía la pérdida de unos mil empleos y una reducción de la producción de un millón de toneladas.

El diputado de Foro ha recordado que en 2026 acaba la vida útil del horno alto de Gijón y empezarán a eliminarse los derechos gratuitos de emisión de CO2 lo que hará menos competitivas las instalaciones asturianas si no se aplica el plan de descarbonización para el que la empresa pide unos costes energéticos «estables y previsibles» dado que duplican a los de Francia o Alemania.

Por las inversiones pendientes de ArcelorMittal se ha interesado también el diputado del PP, Rafael Alonso, y más en concreto por las afirmaciones del secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, en las que apuntaba a una hipotética nacionalización de la compañía si no realizaba las inversiones planificadas en su instalaciones de Gijón y Avilés.

Alonso ha advertido de que aseveraciones de ese tipo «alarman» aunque hayan sido después desautorizadas por los gobiernos central y autonómico dado que suponen «una amenaza velada» ante una cuestión en la que el meollo es lograr un coste de la energía competitivo y seguro «y a quien hay que exigir es al Ministerio de Industria para que aplique las ayudas que sí se dan en otros países». EFE