Oviedo (EFE).- Asturias cuenta con una regulación amplia y profusa en lo relativo al panorama fiscal, pero tiene «escasos beneficios» y afecta a «pocos contribuyentes», según el estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024’, elaborado por el Consejo General de Economistas de España, que coloca al Principado como una de las comunidades autónomas que no ha bajado las tarifas del IRPF para contrarrestar la inflación.
En Asturias se han producido 64 modificaciones normativas, de las que 25 corresponden al IRPF, 2 al impuesto sobre el patrimonio, 16 en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones y 21 al de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados si bien «ninguna de ellas ha supuesto un cambio sustancial».
Además, la comunidad autónoma asturiana sigue manteniendo una presión fiscal alta en lo relativo a sucesiones, con el impuesto más elevado, y donaciones, entre las que más se paga, si bien ha introducido pequeñas modificaciones traducidas en una reducción del tipo impositivo en los primeros 150.000 euros así como un incremento de la tributación a partir de los 600.000 euros.
Impuestos de Sucesiones elevado
Así, Asturias es la comunidad autónoma con el Impuesto de Sucesiones más elevado, y aunque existen reducciones es donde más pagan los herederos, ya que estas solo se aplican hasta 300.000 euros.
En lo relativo al impuesto de Transmisiones Patrimoniales existe una regulación de diferentes tipos -entre el 8 y el 10 por ciento en el caso de lo inmuebles, según valor- y se contemplan muchos tipos reducidos en función a las circunstancias y reducciones, el más relevante en lo relativo a la adquisición de vivienda en zonas rurales, que oscila entre el 4 y el 6 por ciento.
Respecto a los Actos Jurídicos Documentados, el Principado aplica un tipo superior al estatal, con el 1,2 por ciento respecto al 0,5 por ciento nacional.
El decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández, ha subrayado que en el Impuesto sobre la renta Asturias es una de las comunidades autónomas «más cara, tanto para el tramo más bajo, que fija un tipo del 10 por ciento, solo superado por Cataluña, como para las rentas más bajas, siendo el cuarto más alto (25,5 %), tras Canarias (26 %), La Rioja (27 %) y Comunidad Valenciana (29 %).
En el Impuesto de Patrimonio, la región equipara el tramo mínimo a la norma estatal, en 700.000 euros, mientras que el último es inferior a la nacional, que lleva a los patrimonios altos a afrontar un pago por el impuesto de grandes fortunas, si bien en este impuesto existe una bonificación del 99 % para aquellos bienes y derechos que formen parte del patrimonio protegido del contribuyente.
Fernández ha advertido que el Principado presenta «desfases importantes» que «hay que corregir», después de «décadas perdiendo protagonismo a nivel nacional». EFE
