Oviedo (EFE).- La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha solicitado este miércoles comparecer a petición propia en la Junta General para informar de la investigación de la trama de explotación sexual a menores tuteladas, que se inició a raíz de la denuncia interpuesta desde la propia istración asturiana el pasado 19 de enero.
En un escrito remitido hoy al parlamento, la consejera pide comparecer en comisión para «informar de todo lo relativo al cumplimiento y ejercicio de los derechos de los niños y niñas a una vida libre de violencia, la coordinación eficaz entre istraciones y la tolerancia cero hacia la violencia sexual o hacia cualquier otro tipo de maltrato que afecte a la infancia».
La Policía Nacional informó ayer, martes, de la detención de doce hombres -dos de ellos latinoamericanos nacionalizados españoles y el resto de origen subsahariano- por explotación sexual de menores, en una operación en la que se han identificado cinco víctimas, de entre 13 y 17 años, tuteladas por el Principado de Asturias.
Las menores eran víctimas de agresiones sexuales por parte de hombres con edades comprendidas entre los 26 y los 44 años.
Dos de los detenidos, de origen subsahariano, facilitaban a otros hombres, a cambio de dinero, su participación en las agresiones sexuales, en las que también ellos participaban de forma reiterada.
Pese a que en la operación policial fueron detenidos doce hombres, en este momento del procedimiento son diez los investigados, uno de los cuales está en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras que los otros nueve se encuentran en libertad provisional con obligación de comparecer periódicamente y con medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas, han precisado desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Las diligencias previas se incoaron el pasado 23 de enero por corrupción de menores, delito al que se han incorporado después varios delitos de agresión sexual a menor de 16 años.
Tolerancia cero
Según la Policía, que mantiene la operación abierta y no descarta nuevas detenciones, los servicios sociales del Principado «están colaborando activamente en la investigación y han mostrado una gran preocupación por la relevancia de los hechos».
A este respecto, la consejera explicó ayer en rueda de prensa que la investigación policial se inició gracias a la denuncia interpuesta el pasado 19 de enero por la dirección de uno de los dos centros afectados en la trama y avanzó que el Principado se personará como acusación particular en la causa.
Del Arco, que expresó su «tolerancia cero» con cualquier atisbo violencia contra la infancia, puso en valor la formación que se desarrolla con el personal de los centros para la detección de comportamientos compatibles con hechos de agresión sexual, y de hecho consideró que gracias a ello se detectó la situación.
Petición de explicaciones
Los grupos de la oposición se han referido a este asunto al término de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano para reclamar explicaciones por parte del Principado.
El diputado Luis Venta ha considerado «inaceptable» y «despreciable» que Del Arco se refiriese ayer, en rueda de prensa, «a este drama con la frase son cosas de la vida», por lo que, en su opinión, «queda inhabilitada» para seguir ostentando su cargo.
El parlamentario del PP, que ha emplazado a la consejera a pedir perdón a los menores y sus familias, ha señalado que, si como dice Del Arco no es un fallo del sistema, se trataría, por tanto, de una «negligencia de quien mantiene ese sistema».
El diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha pedido «máxima cautela» para «no revictimizar a las víctimas» y ha abogado por no utilizar este asunto como «arma política» al considerar que hay que poner «el foco» en quienes hayan cometido un delito.
Al margen de ello, Pumares ha pedido «máxima transparencia» y que la consejera comparezca en la Junta General para dar las «explicaciones oportunas».
En una línea similar, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha pedido «prudencia» y «empatía» para «no revictimizar a las menores que ya han sido víctimas de una trama de prostitución», y ha lamentado que estos hechos puedan servir como «arma arrojadiza» para aquellos que «estigmatizan a los menores en riesgo de vulnerabilidad, y muy especialmente a los menores en los recursos residenciales de la istración autonómica».
Sin embargo, Tomé ha pedido «una investigación seria, rigurosa y en profundidad», a la vez que ha reclamado más recursos para los centros de acogida y para el área de derechos sociales, «uno de los pilares fundamentales para lograr una sociedad equitativa».
Desde Vox, el diputado Javier Jové ha considerado que este asunto «no se puede desvincular» de otros casos registrados en territorios gobernados por el PSOE ni «con el fenómeno de la inmigración irregular», mientras que el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha criticado el «oportunismo de PP y Vox» y ha pedido que se saque de foco a las víctimas.
La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha recordado que fue la istración la que denunció los hechos en enero y que se va a personas como acusación particular, por lo que ha considerado que no hay «ninguna duda» de que el Principado va a emplear todos instrumentos a su alcance «para afrontar este tema gravísimo». EFE
