Gijón (EFE). El Gobierno de Asturias ha acordado este lunes la aprobación del proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Investigación, que facilitará la creación de un cuerpo superior de investigación como embrión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas regional, un documento que el Ejecutivo autonómico confía sea refrendado en la Junta General antes que finalice 2024.
En una comparecencia ante los medios tras el consejo de Gobierno, el titular de Ciencia, Borja Sánchez, ha expresado su deseo de que el proyecto de Ley esté aprobado «antes de que finalice el año», por lo que ha confiado en que el texto «recabe el mayor apoyo parlamentario posible».
El texto legislativo tiene como fin primordial el fomento de las actividades de I+D+i y sus instrumentos de coordinación, el incremento de la financiación autonómica destinada investigación y el fortalecimiento de las relaciones en materia de I+D+i entre istraciones, empresas, centros tecnológicos y de investigación, la Universidad de Oviedo y la ciudadanía.
También pretende consolidar y completar el ecosistema científico y tecnológico, potenciar la excelencia, favorecer la participación ciudadana y aplicar un enfoque de género como eje transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación.
El Cuerpo Superior de Investigación previsto en la norma estará formado por tres escalas: docentes, investigadores y científicos titulares, y todos ellos deberán tener título de doctorado.
Sánchez ha indicado que la ley permitirá «incrementar el personal dedicado a I+D» en la región, apostará por «potenciar la excelencia científica en sectores estratégicos y emergentes», así como vincular conceptos como la carrera investigadora, la atracción y retención de talento.
El consejero de Ciencia ha resaltado, asimismo, que permitirá «el incremento en la financiación pública destinada a I+D», de modo que Asturias «pueda ir convergiendo» con las estrategias españolas y europeas.
Borja Sánchez, ha definido este proyecto de ley como «un hito» y el de hoy como «el día más importante» desde que es el responsable de la consejería de Ciencia del Principado.
El anteproyecto, que ahora pasará al parlamento para su tramitación, persigue convertir la ciencia y la innovación en «en palancas de cambio».
1.075 millones para investigación
El proyecto de ley establece que en los presupuestos autonómicos se incrementarán anualmente, de forma regular, los fondos destinados a la investigación, la tecnología y la innovación, con el propósito de converger con las estrategias nacionales y europeas.
Para este año se marca como objetivo un incremento del 2,5 por ciento, dos décimas más en 2025 y un 3,1 por ciento para 2026, mientras que para los tres años se prevén aumentos del 3,5, 3,8 y 4,2 por ciento, respectivamente.
El escenario final supone que la inversión en I+D+i llegue al 3 por ciento del PIB regional en 2030, lo que en cifras estimativas supone 1.075 millones en total, sumando tanto fondos públicos como privados, según ha detallado el consejero.
De esa cuantía, algo más de 237 millones corresponderían a la istración regional, según la proyección anual que recoge la memoria económica del proyecto de ley.
La norma contempla la creación del registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), un medio público que servirá como inventario y facilitará también la evaluación de todos los agentes. Por otro lado, esta base permitirá conocer la inversión real en I+D.
El Observatorio Asturiano de la Innovación, previsto también en el proyecto de ley, será una unidad adscrita a la Consejería de Ciencia y encargada de desarrollar un sistema para hacer accesible la información que manejan los agentes del SACI en formatos universales y reutilizables.
Innovación empresarial
El Principado pretende impulsar con esta ley participación activa del tejido empresarial en el desarrollo de la I+D+i, «clave para estimular la productividad y la competitividad de la economía», según Sánchez, que ha destacado que se estimulará la colaboración de las compañías con los organismos de investigación, se fomentará la creación de firmas de base tecnológica y se habilitarán espacios para que puedan desarrollar acciones de innovación.
La istración autonómica, así como los organismos y entidades del sector público, promoverán además la compra pública innovadora en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación, y respaldará la protección y la transferencia de conocimiento, con el fin de que los resultados de la investigación científica e investigadora y de la innovación lleguen a la sociedad para que pueda beneficiarse de ellos. EFE
