Oviedo (EFE).- La Fiscalía ha elevado este viernes a definitiva su petición de tres años y medio de cárcel para el expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, acusado de un delito continuado de apropiación indebida de fondos de Foro Asturias.
La acusación particular ejercida por la formación forista también se ha mantenido en su solicitud de tres años y medio de prisión, mientras que la defensa ha pedido una sentencia absolutoria.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha acogido este viernes la sexta y última sesión del juicio contra Álvarez-Cascos por cargar supuestamente gastos propios a Foro Asturias, el partido creado en torno a su figura en 2011 tras su marcha del PP y con el que accedió a la presidencia del Principado de Asturias en julio de ese mismo año.
En el trámite de lectura de los informes definitivos, que se ha celebrado hoy pese a que inicialmente estaba previsto para el viernes de la semana que viene, el fiscal ha dicho que considera acreditado que la conducta de Álvarez-Cascos era «claramente delictiva» y estaba «dirigida a lucrarse mientras Foro pagaba sus gastos personales» y a «descapitalizar» la formación.
El fiscal ha subrayado que el «ánimo de lucro» del exministro de Fomento es «palmario», dado que se abonaron pagos en hoteles y restaurantes, comidas a domicilio, billetes de AVE o entradas para la Copa Davis con cargo a Foro Asturias que «debería haber pagado con su peculio».
Gastos «injustificables»
En su declaración, el fiscal ha recalcado que ha quedado probado que Álvarez-Cascos ejercía un «liderazgo y presidencialismo claro y notorio» y en «ciertas cuestiones económicas mandaba, vaya si mandaba».
También ha expuesto que los gastos personales abonados por el partido «son plenamente injustificables» porque los debería haber pagado con su propio patrimonio, dado que «no entraban dentro de las funciones» de su actividad política, entre los que ha citado comidas a domicilio de «pizza y sushi» o viajes a Estepona y Marbella «para «ir a ver a sus hijos».
Entre los hechos «indiscutibles», el fiscal ha citado la oferta económica que se le hizo para que liderase ese proyecto político en Asturias con el objetivo de que «no perdiese su capacidad adquisitiva», pero en la que «en ningún caso aparecen» complementos retributivos, «como se ha querido hacer ver como unos gastos de libre disposición» que eran convalidados, posteriormente, porque «no se le discutía» nada a Álvarez-Cascos.
El Ministerio Público ha ironizado, en este punto, sobre el «control férreo» que ejercía el exdiputado y uno de los fundadores de Foro, Pelayo Roces, que, por el hecho de firmar habitualmente los gastos, «no convierte lo ilegítimo el legítimo».
La sede del Paseo de La Castellana en Madrid, que había comprado Álvarez-Cascos y que, posteriormente, se vinculó a una empresa istrada por su tercera exmujer, María Porto, por la que Foro desembolsó más de 173.000 euros entre octubre de 2012 y finales de 2014 en concepto de alquiler, ha sido uno de los ejes centrales del juicio.
El fiscal ha dicho «no se discute que la oficina existía», pero existen indicios «rotundos» de que el «alquiler era ficticio», dado que no pasó por la comisión directiva del partido, no se dio publicidad ni constan «e-mails convocando reuniones», por lo que ha quedado acreditado que era su «despacho particular».
Foro, un partido sin «control interno»
En sus conclusiones finales, el abogado de la acusación particular, Luis Llanes, ha explicado que la conducta de Álvarez-Cascos, quien presidió «con puño de acero y guante de hierro» Foro Asturias, tenía como objetivo convertir la formación forista «en un medio de vida muy lucrativo» ejerciendo un «control manifiesto absoluto de las áreas políticas y económicas».
Según ha señalado, la «legión de incondicionales que tenían una confianza ciega» en él «se limitaban a hacer» lo que el exvicepresidente del Gobierno decía en una organización en la que no había mecanismos de control internos sobre sus gastos, ha precisado.
El letrado ha asegurado que los gastos personales tenían como fin «satisfacer sus intereses» particulares y no formaban parte de la actividad política ni del acuerdo económico que se había alcanzado con él para que liderase el proyecto.
Sobre la sede de la Castellana, ha mostrado su convicción de que el contrato de alquiler es «irreal» y un «mero artificio» que se generó con la única finalidad de que Álvarez-Cascos «nutriese sus fondos» y, además «empobrecer a Foro».
«No hay ninguna constancia de que se usase como sede. No hay una sola fotografía», ha insistido antes de reiterar que dicho contrato no pasó por la comisión directiva del partido.
Sin ánimo de lucro
Por su parte, el letrado de la defensa, Luis Tuero, ha pedido una sentencia absolutoria al asegurar que no hubo «ánimo de lucro» y ha reiterado que sus gastos eran «conocidos y fiscalizados», aunque haya sido de una forma «laxa», lo que no implica que exista un delito.
En este sentido, ha insistido en que sí existía un sistema de control de estos pagos en la formación y ha asegurado que «no todo se le tenía que pagar» al líder de esta formación.
Tras resaltar que trabajaba «24 horas al día» y únicamente para el partido, el abogado ha negado que la de Madrid fuese una sede ficticia y se ha preguntado qué hay de «raro» en que el despacho de la Castellana pudiera ser sufragado por la organización política para la que Álvarez-Cascos ofrecía sus servicios.
La denuncia contra Álvarez-Cascos fue presentada por la comisión directiva de Foro en junio de 2020, a raíz de que la presidenta del partido y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, decidiese hacer una auditoría para poner al día las cuentas del partido en un momento en el que partido se había fraccionado entre sus partidarios y los del exlíder de Foro. EFE
