Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha optado por someter al proceso de consulta pública la reforma de la normativa que impedirá a los médicos sin especialidad o formación específica la realización de operaciones de cirugía estética después de que la Audiencia Nacional suspendiera la orden inicial con la que lo hizo.
Con esta nueva fórmula, el departamento que dirige Mónica García busca dotar de mayor seguridad jurídica a la norma, que inicialmente emprendió con una orden ministerial pero que fue suspendida cautelarmente por la sala de lo contencioso de la Audiencia, que consideró, sin entrar en el fondo del asunto, que este mecanismo no es el adecuado para cambiar un real decreto.
Preocupación por un sector al alza
Sanidad decidió no recurrir ese auto y concentrarse en el juicio que deba iniciarse y en el que ya se entrará en el fondo de la cuestión; mientras tanto, ha optado por proponer directamente una reforma del real decreto que establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
El Ministerio insiste en que es necesario cambiar la normativa ante la creciente preocupación por el intrusismo en el ámbito de la cirugía estética, sector en el que se ha constatado un continuo incremento de intervenciones y de aperturas de centros que las ofertan.
Una reforma que además está amparada por diferentes reivindicaciones sociales y sanitarias para lograr un mayor control en el desarrollo de esta actividad, entre ellas la proposición no de ley que aprobó el Congreso en 2022 para instar al Gobierno a modificar este real decreto.
Garantizar la seguridad del paciente
Para ello, señala que es imprescindible actualizar la lista y definiciones de las unidades asistenciales y reforzar las medidas que contribuyan a garantizar la seguridad del paciente, algo que solo se consigue asegurando que «la atención sanitaria sea proporcionada exclusivamente por profesionales titulados y capacitados en las competencias profesionales establecidas en la legislación vigente», subraya en el texto.
Hasta el próximo 13 de diciembre, ciudadanos, organizaciones y asociaciones podrán hacer llegar sus opiniones sobre la propuesta.
